Chile da un paso decisivo en la protección digital. La Ley Nº 21.663, vigente desde enero de 2025, establece el primer marco regulatorio integral de ciberseguridad del país, creando la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y fijando obligaciones concretas para empresas e instituciones públicas.
Entre las principales exigencias destacan: designar un Oficial de Ciberseguridad, implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (alineado a estándares como ISO 27001), reportar incidentes a la ANCI en menos de 72 horas y contar con planes de continuidad operacional probados periódicamente.
Para las OTEC, esto representa una oportunidad: la capacitación en ciberseguridad es hoy una necesidad legal. Las organizaciones que no se adapten arriesgan multas significativas, especialmente quienes manejan datos sensibles de trabajadores y empresas. El cumplimiento no solo protege, también genera confianza.
